¿Quiénes son los Indignados para impedir desahucios?

Cuando uno lee en un titular de prensa que "el 15M frena el desahucio de una anciana enferma de cáncer y su hijo discapacitado" no puede sino sentirse emocionado y conmovido. Solo un ser abyecto y sin alma podría lamentar a priori un hecho así.

La perspectiva de que una enferma terminal, que carga además con un vástago minusválido, sea expulsada sin miramientos de su hogar debido a una deuda resulta escalofriante para cualquiera que valore mínimamente la dignidad de la raza humana. En realidad, y aunque este caso concreto resulte especialmente conmovedor debido a la situación particularmente desventajosa de los afectados, prácticamente cualquiera que deba enfrentarse a un desalojo mueve a compasión y solidaridad (sobre todo hoy en día) sean cuales sean sus circunstancias personales.

Digo “prácticamente cualquiera” porque hay casos en los que el desahuciado actúa haciendo alarde de un grado tal de caradura que hay que pensárselo muy bien antes de realizar cualquier muestra de apoyo no sea que, sin quererlo, estemos siendo utilizados por un jeta profesional que solo pretende vivir mejor que (y por encima de) el resto de los que cumplimos religiosamente con nuestras obligaciones. Hay, para mí, tres casos tipo especialmente sangrantes:

Caso número uno: La gente que okupa por deporte/costumbre.

No me refiero solo a los clásicos punkis y perroflautas, ya que al fin y al cabo lo de estos no suele ser más que una etapa previa a su vuelta al polito de Lacoste. Acuso principalmente a todas aquellas personas, con frecuencia de etnia gitana, que han tomado no solo la decisión de no pagar jamás en la vida por una vivienda, sino de apropiarse de aquellas que otros obtuvieron con el sudor de su frente. En este sentido me ofende especialmente el caso de  quienes, no contentos con parasitar pisos, los “revenden” o alquilan a terceros como quedó demostrado que sucede en el reportaje presentado por Mercedes Milá el día 20 de Junio de este mismo año.

No me tiembla el pulso al escribir que me parece maravillosa la idea de que a todos estos indeseables se les largue a patadas, y no titubearé a la hora de defenderlo. Solo lamento que la ley actúe con tanta lentitud a la hora de solucionar conflictos como los acaecidos en las recientemente desalojadas viviendas de protección oficial de Navalcarnero, cuyos escasos inquilinos honrados se vieron obligados a aguantar los disturbios y destrozos provocados por cientos de delincuentes que campaban a sus anchas ante la impasible mirada de una ineficaz administración.

Caso número dos: El de aquellos que viven por encima de sus posibilidades y, como es lógico, acaban enfrentándose a una situación en la que afrontar sus deudas resulta sencillamente imposible.

La sociedad se ha encargado de enseñarnos aquello de “tanto tienes, tanto vales” y por eso todos conocemos a personas que, pese a estar empleadas en situación precaria o inestable, no dudaron (no dudan) en solicitar créditos bancarios para adquirir coches de alta gama o carísimas residencias. Hace solo unos días el conocido como movimiento 15-M dio un espectáculo lamentable tratando de impedir el desahucio de una personaje llamada Susana García, de profesión “actriz en paro”, que se fue a llorar a la asamblea popular de Puente de Vallecas para lograr que entre todos le ayudaran a mantener su palacete de solterita sin pagar un puto céntimo por habitarlo.

A los 40 Indignados de postín que se plantaron a la entrada del inmueble poco les importaba que el casero de esta “artista desconocida”, de nombre Luis Valdecantos, estuviera ahogado por una hipoteca que le había forzado a vivir de prestado en casas de amigos y parientes mientras Susanita llevaba prácticamente un año ocupando su legítima propiedad por la patilla. Ni uno solo de ellos se preguntó por qué esta desvergonzada no trocó, 11 meses atrás, su idílica residencia de single por un piso compartido en el que no se habría tenido que comprometer a pagar los 650 euros que, en su día, le parecieron tan aceptables. La estampa era tan surrealista que incluso la morosa, haciendo alarde de nulo sentido común y del ridículo, tuvo el valor de salir en cámara defendiendo lo indefendible mientras toda España se reía de ella por fresca y por patética (algunos también por fea). Mientras tanto, el casero se indignaba con los indignados que trataban de impedir que las autoridades hicieran justicia con una tipeja que le adeuda más de un millón de las antiguas pesetas “porque ella lo vale”.

"¡Porque yo lo valgooo!"

Gentuza como Susana García, incapaz de darse cuenta de que no se encontraba en situación de comprometerse a ciertos pagos, lenta a la hora de tomar medidas que hubieran disminuido el impacto de sus malas decisiones, despreocupada del daño que su irresponsabilidad pudiera causar a otros y presta a aprovecharse de un movimiento ciudadano en su propio beneficio, merece un desahucio inmisericorde por gorrona y descarada.

Por último el caso número tres que, por increíble que parezca, resulta alarmantemente común: Es el de aquellos que pueden pagar, pero sudan de hacerlo.

Hubo un tiempo en el que me entretenía, en compañía de mis compañeros de clase, escuchando las historias de un chaval que había trabajado como gestor de recobros. Se encargaba de contactar telefónicamente con personas que debían grandes sumas de dinero para procurar que lo devolviesen cuanto antes. Lo más gracioso de aquellas batallitas era, sin duda, que solían estar protagonizadas por personalidades públicas: famosos y faranduleros con sueldos astronómicos y adeudos igualmente imponentes que se negaban a soltar un céntimo mientras pudiesen evitarlo.

Lo cierto es que, mientras que los dos casos anteriores podrían justificarse alegando escasez de recursos económicos, aquel que dispone de ellos y continúa negándose a responsabilizase de las obligaciones que ha adquirido voluntariamente no tiene excusa alguna. Por ello juzgo apropiado defender que, en estas situaciones, el desahucio debe ser también inmediato. No me cabe en la cabeza que existan familias enteras que viven apretándose constantemente el cinturón para cumplir con los plazos mientras que hay gente que, teniendo más que suficiente, se dedica a urdir ocurrencias que les permitan escaquearse.

Todo lo anterior lo escribo porque, de lo que he leído a propósito del desalojo frustrado esta mañana por los muchachos de 15-M, he extraído un par de datos interesantes. Esta información me obliga a plantearme lo ocurrido desde un punto de vista que puede parecer cruel o políticamente incorrecto, pero que en mi opinión ha de ser también tenido en cuenta:

Estamos hablando de una pensionista y de su hijo, que padece una discapacidad del 41%. Dos personas que viven en Malasaña, en la calle Norte. En pleno centro de Madrid Capital.

Estamos hablando de una mujer que cobra cerca de 900 euros mensuales garantizados, y de un hombre que trabaja para la ONCE percibiendo también un sueldo que, sin ser desmesurado, debe rondar esa cifra.

Estamos hablando de una renta antigua que asciende a solo 156 euros al mes. En el supuesto pesimista de que madre e hijo solo ingresaran 1500 euros mensuales entre los dos, el precio de su alquiler representaría el 10.4% de sus ingresos.

Estamos hablando de unas personas que deben 5.000 euros a un particular que obtiene beneficios mínimos de un arrendamiento que podría estarle reportando cantidades hasta diez veces más suculentas. Hablamos, si dividimos la cantidad adeudada entre el monto total de la mensualidad, de que Victoria Sanz y su hijo Antonio Quiroga llevan dos años y medio sin pagar un alquiler que parece ridículo si se compara con lo que el resto de habitantes de Madrid se ven forzados a abonar.

Fotografía del intento de desahucio publicada en el Mundo. Observense las referencias en las pancartas a bancos e hipotecas, absurdas si se tiene en cuenta que se trataba de un desalojo por impago a un particular.

Así, si obviamos el hecho de que la anciana está enferma y si no prestamos atención a la minusvalía de su hijo (factores que desde luego no impiden que ambos perciban cantidades que ya quisieran muchos para sí), hemos de enfrentarnos a la más cruda de las realidades:

Estos individuos, pese a que viven en un piso situado en una zona privilegiada, gozan de un régimen de alquiler extraordinario y perciben dos sueldos, han optado por la morosidad mientras que cualquier pareja de personas normales, con dos sueldos normales y con un alquiler normal está dedicando más del 30 % de sus ingresos a mantener su vivienda sin que nadie tenga que venir a desalojarles por impago.

En base a lo publicado por la prensa, y a falta de más datos, estas son mis conclusiones: Nos encontramos ante un agravio comparativo. Ni los trágicos problemas de salud de una ni la grave sordera del otro justifican que, disponiendo como disponen de un 90 por ciento de sus ingresos tras el abono del alquiler, pretendan eludir sus responsabilidades cuando una inmensa mayoría de la ciudadanía dedica puntualmente hasta la mitad de lo que gana a mantener su hogar.

Muchos mataríamos por una pensión de 900 € y un puesto de trabajo en la ONCE, además de un pisito en el centro por menos de 200 euros al mes. Y muchos que se encuentran en condiciones más duras logran, no solo sacar adelante sus deudas con puntualidad, sino ahorrar y vivir sin hacer perder recursos  a terceros.

Espero sinceramente que trasciendan nuevas informaciones que puedan arrojar un poco de luz sobre este caso porque, tal y como están las cosas, me parece una injusticia gigantesca para con el casero, así como para con el resto de españoles que pagan su alquiler, que el desalojo de Antonio y Victoria se haya retrasado hasta el próximo septiembre.

De todas formas, si efectivamente pudiera justificarse que con todo ese dinero que ganan no les da para vivir… ¿no habría de ser el estado español quien se encargara de garantizar una vivienda digna para esta anciana y su hijo? Desde luego el pobre dueño del piso, el mismo que lleva años sin ver un duro, no tiene obligación alguna de seguir pagándole el techo a nadie.

En cualquier caso, si algo es seguro esto es que los revolucionarios sin causa del movimiento 15-M no son quien para entorpecer  la labor de la autoridad cuando trata de devolver el derecho a administrar su propiedad a aquel que, por ley, lo merece.

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